sala lo penal
- Orden JUS/306/2017, de 4 de abril, por la que se dispone la fecha de efectividad de la plaza de magistrado en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para hacer efectiva la segunda instancia penal.
- Orden JUS/789/2018, de 26 de julio, por la que se dispone la fecha de efectividad de una plaza de Magistrado en la Sala de lo Civil y Penal en los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, de Cataluña y de la Comunidad de Madrid y del inicio de actividad de tres Secciones de Apelación Penal para hacer efectiva la segunda instancia penal.
- Real Decreto 971/1981, de 22 de mayo, por el que se crea la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y el Juzgado Central de Instrucción número 5.
- REAL DECRETO 1068/2012, de 6 de julio, por el que se nombra Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a don Juan Manuel Abril Campoy.
- Corrección de erratas del Real Decreto 971/1981, de 22 de mayo, por el que se crea la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y el Juzgado Central de Instrucción número 5.
- Sentencia de 13 de octubre de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso «ni tener proceso judicial penal en curso, salvo que el interesado acredite el archivo definitivo de la causa judicial o el sobreseimiento libre de las actuaciones» que se contiene en el n.º 3 del artículo 1-1 del Real Decreto 239/2000, de 18 de febrero, por el que se establece el procedimiento para la regularización de extranjeros prevista en la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros.
- SENTENCIA de 23 de noviembre de 2005, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad de pleno derecho del inciso primero del apartado 1.º del artículo 29 del Reglamento sobre la responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por Real Decreto 7/2001, de 12 de enero («Además de la sanción que corresponda en el ámbito penal a quien condujere un vehículo conociendo que carece de seguro»), así como el apartado c) del mencionado apartado 1.º y los apartados 2 y 3 del mismo artículo, en cuanto no contienen el trámite del archivo obligatorio de las actuaciones administrativo-sancionadoras, una vez producida una condena penal por los mismos hechos.
- PROVIDENCIA de 19 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, sobre planteamiento de cuestión de ilegalidad en el inciso 'ni tener proceso judicial penal en curso' del artículo 1.1.3.o del Real Decreto 239/2000, de 18 de febrero, por el que se establece el procedimiento para la regularización de extranjeros prevista en la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros y su integración social.
- PROVIDENCIA de 24 de marzo de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, sobre planteamiento de cuestión de ilegalidad del artículo 1.1.3.a del Real Decreto 239/2000, de 18 de febrero, por el que se establece el procedimiento para la regularización de extranjeros previsto en la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en el inciso 'tener proceso judicial penal en curso'.
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