Expediente disciplinario

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  • STS 1869/2016, 20 de Julio de 2016

    FUNCIÓN PÚBLICA. EXPEDIENTE DISCIPLINARIO. La Administración debe proteger a sus trabajadores, en el más amplio sentido de la palabra, motivando aquellas actuaciones que se adaptan a la promoción de su salud integral, y, no solo en el trabajo, sino analizando si existen situaciones que puedan motivar la limitación o privación de su capacidad y aptitud para el servicio público. Se desestima la...

  • STC 235/1998, 14 de Diciembre de 1998

    1. Debe recordarse que este Tribunal viene señalando, desde la STC 35/1995, que el acceso a los recursos tiene una relevancia constitucional distinta a la del acceso a la jurisdicción, ya que mientras el derecho a la obtención de una resolución judicial razonada y fundada goza de una protección constitucional en el art. 24.1 C.E., el derecho a la revisión de esta resolución es, en principio,

  • STS 108/2016, 22 de Septiembre de 2016

    EXPEDIENTE DISCIPLINARIO. El requisito de objetividad en la actuación administrativa exige un desinterés personal en el procedimiento disciplinario, que no ha de verse afectado por la existencia de cualquier hecho o circunstancia acreditados de los que pueda inducirse la pérdida de la debida objetividad, generándose un efectivo quebranto del derecho de defensa. Se estima la casación.

  • STS 1229/2017, 12 de Julio de 2017

    NULIDAD INVESTIGACIÓN. INVASIÓN COMPETENCIAS. La Fiscalía sí puede incoar diligencias preprocesales en materia disciplinaria a los jueces, siempre que sea muy preliminar y temporalmente se limite a lo estrictamente necesario para determinar si procede o no instar al Consejo General del Poder Judicial la incoación de un expediente disciplinario. Se estima el recurso de casación.

  • STC 143/1995, 3 de Octubre de 1995

    1. Ya desde la STC 18/1981 viene declarando reiteradamente este Tribunal que las garantías procesales establecidas en el art. 24.2 C.E. son aplicables no solo en el proceso penal sino también en los procedimientos administrativos sancionadores con las matizaciones que resultan de su propia naturaleza, en cuanto que en ambos casos se actúa el «ius puniendi» del Estado (SSTC 2/1987, 212/19

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