Derecho procesal del trabajo

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Las demandas por despido y por las demás causas de extinción del contrato de trabajo se tramitarán inexcusablemente con arreglo a la modalidad procesal correspondiente a cada una de ellas, pudiendo acumularse en dichos procedimientos, tal y como establece el artículo 184 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, las pretensiones de tutela de derechos fundamentales

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• Modificación del contrato de trabajo

Solicitud a los representantes legales para que emitan informe sobre clasificación profesional, ante la negativa de la empresa al ascenso de categoría , a fin de poder efectuar la correspondiente reclamación judicial.

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• Tiempo de trabajo

Mediante el presente escrito se notifica a los representantes de los trabajadores el proyecto de calendario laboral que tiene previsto elaborar la empresa para el próximo año, en cumplimiento de lo dispuesto legalmente.

1. El principio «pro actione», como dijimos en la STC 88/1997 y hemos reiterado en las posteriores 150 y 184/1997, «si bien no implica, a pesar de su ambigua denominación, la forzosa selección de la interpretación más favorable a la admisión de entre todas las posibles de las normas que la regulan» sí debe entenderse que impone «la interdicción de aquellas decisiones de inadmisión que por su

DESPIDO COLECTIVO CONCURSAL. COMPETENCIA. La discrepancia con la decisión extintiva puede ser suscitada, bien por el cauce colectivo a través del recurso de suplicación frente al Auto, bien individualmente a través del incidente concursal laboral. La cuestión que ahora se plantea por la representación de los trabajadores pudo -y debió- ser suscitada en ese momento procesal, ante el juez del...

1. La modalidad procesal de tutela de derechos fundamentales prevista en los arts. 175 y siguientes L.P.L. -que goza por la naturaleza de su objeto de garantías específicas como la sumariedad y la preferencia en la tramitación (art. 177 L.P.L.)-, limita aquél al conocimiento de la lesión del derecho fundamental, sin posibilidad de acumulación con acciones de otra naturaleza o con idéntica...

1. El control constitucional de las decisiones de inadmisión se realiza de forma especialmente intensa cuando aquéllas determinan la imposibilidad de obtener una primera respuesta judicial (SSTC 118/1987, 216/1989, 154/1992, 55/1995, 104/1997, 112/1997, 8/1998, 38/1998, 130/1998, 207/1998 y 16/1999, entre otras). El principio «pro actione» opera en este caso sobre los presupuestos procesales

1. Según previa doctrina del Tribunal (STC 47/1985), los órganos judiciales vienen obligados por el art. 53.2 de la Constitución a tutelar los derechos y libertades en dicha disposición reseñados, garantía jurisdiccional ésta que, a falta de regulación procesal específica, se ha de dispensar a través del procedimiento laboral y que, caso de denegarse indebidamente, puede dar lugar a la...

• Revista Derecho Social y Empresa
• Núm. 9, Septiembre 2018

Bajo la consideración general del protagonismo del derecho procesal del trabajo para, junto con el derecho sustantivo, hacer del Derecho del Trabajo el ordenamiento compensador e igualador en orden a la corrección de las desigualdades de que habla el Tribunal Constitucional, el presente trabajo trata de poner de relieve precisamente cómo las reformas de la legislación sustantiva requieren de la...

• Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración
• Núm. 28, Enero 2001

Recensión de: Derecho Procesal del Trabajo Manuel Alonso Olea, César Miñambres Puig y Rosa Mª Alonso García 11ª Edición, Civitas Madrid, 2001

• Actualidad Jurídica (Uría & Menéndez)
• Núm. 42, Enero 2016

En el año 2015 la Ley de Enjuiciamiento Civil, que entró en vigor en enero de 2001, experimentó hasta nueve reformas. En algunos casos, se trató de disposiciones que vinieron a completar ese proceso de modernización del Derecho Procesal Civil que se inició con su promulgación. Es el caso de la Ley de Jurisdicción Voluntaria y de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional. En otros, se trató de...

• Justicia: Revista de derecho procesal
• Núm. 2/2017, Diciembre 2017

Las acciones colectivas pasivas son una realidad social resultante del daño o amenaza de daño proporcionada por grupos, clases o categoría de intereses de los demás miembros de la sociedad, y, por lo tanto, necesitan de regulación tanto en el ámbito del Derecho del trabajo, como en el ámbito del Derecho común. Para el cambio de paradigma la representación adecuada, los efectos de la sentencia y...

• Justicia: Revista de derecho procesal
• Núm. 2/2014, Diciembre 2014

El objeto de este trabajo se centra en recordar, rememorar, revivir y ensalzar a este jurista y su obra. Y se hace destacando, profundizando, analizando –en suma investigando– la sobresaliente obra de derecho procesal referida al proceso penal español de Enrique Aguilera de Paz que coincide con el primer decenio del S. XX. Es en esa década 1900-1910 en la que surge y a partir de la que se...