derecho de la funcion publica

• Consultas de Derecho Administrativo
• Consultas sobre personal al servicio de las entidades locales

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• Práctico Administrativo
• Función Pública

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• Formularios de derecho procesal penal
• Procedimiento abreviado

El artículo 790 de la LECrim regula el recurso de apelación para impugnar las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Penal (y Centrales de lo Penal) en el ámbito del proceso penal abreviado. Admitido el recurso, se dará traslado a las demás partes por un plazo común de diez días, a fin de que efectúen las alegaciones oportunas. Artículo 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECri

• BOE. Boletín Oficial del Estado

• BOJA. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

• BOE. Boletín Oficial del Estado

"ESTAFA. ACCIÓN POPULAR. La acción popular tiene los siguientes caracteres de nuestro derecho: a) Es un derecho fundamental, derivado de su reconocimiento constitucional.b) Es un derecho cívico porque pertenece a los españoles como personas físicas, así como a las personas jurídicas.c) Es un derecho activo porque mediante ella, los ciudadanos pasan a ejercitar en paridad de armas con el...

1. Los derechos de participación en los asuntos públicos (art. 23.1 C.E.) y de acceso a los cargos públicos (art. 23.2 C.E.), que en la parte de su contenido que afecta a las dos vertientes del principio de representación política forman un , poseen un contenido de derecho de libertad que se concreta, en lo que aquí interesa, en la posibilidad constitucionalmente protegida de ofrecer a los...

Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 8173-2010, planteada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

1. Con arreglo a una consolidada línea jurisprudencial, el derecho fundamental reconocido en el art. 23.2 C.E. no sólo se proyecta sobre los cargos de representación política sino también sobre los funcionariales (SSTC 42/1981, 75/1983 y otras muchas que les siguen), lo que ha llevado a rodear a los procesos de acceso a la función pública de una importante serie de garantías invocables en el

RA 3061/96. Promovido por doña María Dolores C. L. frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anuló las resoluciones de la Universidad de Granada que la habían nombrado Profesora Titular de Farmacia y Tecnología Farmaceútica. Vulneración del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas: la...

• Documentación administrativa
• Núm. 289, Enero 2011

El ordenamiento jurídico alemán no consagra expresamente el principio de objetividad -ni a nivel constitucional ni legal-. Sin embargo, existen normas dirigidas a garantizar la objetividad de la Administración. Es el caso del principio de imparcialidad en el procedimiento administrativo -que tiene su fundamento constitucional último en la cláusula de Estado de Derecho- y de otras disposiciones de

• Revista catalana de derecho público
• Núm. 51, Diciembre 2015

Este estudio analiza de manera exhaustiva la jurisprudencia de los tribunales de lo contencioso-administrativo sobre las funciones de confianza y asesoramiento del personal eventual, que la ley les encomienda sin concretar en qué consisten. Esta indefinición ha generado numerosos conflictos y litigios, agudizados por la crisis económica. La Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la...

• Cuadernos de Política Criminal. Segunda Época
• Núm. 124, Mayo 2018

Las penas de inhabilitación para la función pública cuentan con una larga tradición en nuestro Derecho, aunque esa dilatada presencia en nuestras normas penales no basta por sí sola para legitimarlas, ni es tampoco garantía de un encaje pacífico en el ordenamiento que las acoge. Este artículo analiza el sentido y legitimación de la inhabilitación como consecuencia del delito desde los parámetros...

• Gestión y Análisis de Políticas Públicas. Nueva época (GAPP)
• Núm. 14, Julio 2015

El objetivo principal de este trabajo es poner de manifiesto la situación actual de la función pública directiva en el ámbito concreto de la Administración General del Estado. Básicamente, la figura del directivo público profesional se caracteriza por la carencia de régimen jurídico específico, lo que determina la falta de criterios para definir con precisión qué es, cómo se selecciona y cuáles...

• Revista Crítica de Derecho Inmobiliario
• Núm. 746, Noviembre 2014

La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, da entrada a la intervención pública, preventiva y judicial, propias del Derecho del consumo en la contratación del préstamo y crédito hipotecarios, de modo que la admisión del principio pro-consumatore y el control judicial del equilibrio contractual en...