decanato juzgados palmas gran canaria

BLANQUEO DE CAPITALES. ESTRUCTURA SOCIETARIA. El recurrente, condenado por un delito de blanqueo de capitales, alega que su empresa no está relacionada con los hechos que se le imputan. La pieza esencial para ocultar la realidad del negocio es una estructura societaria y un movimiento económico entre ambos para aparentar lo que no existe en la realidad. Queda demostrado más allá de toda duda que...

DESPIDO. CONTRATA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS. Si el contrato para obra o servicio posee como causa natural de terminación la realización de la obra o servicio, si puede entenderse realizada la obra o servicio objeto del contrato, estaremos ante la terminación natural del contrato temporal, mientras que en caso contrario podrá haber motivo para acudir al ajuste...

Promovido por el Ministerio Fiscal respecto de los Autos dictados por la Audiencia Provincial de Las Palmas y un Juzgado de Primera Instancia de Telde sobre internamiento involuntario por trastorno psiquiátrico.

DESPIDO NULO O IMPROCEDENTE. RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, SAU y ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SA. Despido en que la causa aducida por el empresario [trasgresión de la buena fe: art.54.2. d) ET] ni siquiera se intenta acreditar porque el mismo día en que lo comunica reconoce su improcedencia. Corresponde en el caso la calificación de despido improcedente y no nulo. La pertenencia a un colectivo...

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. La intervención telefónica que pueda solicitarse por los funcionarios policiales a los Jueces de Instrucción no es posterior al descubrimiento del delito, sino de averiguación del mismo e identificación de su autor. De ahí que sea suficiente, que exista una línea de investigación, sobre la comisión de hechos delictivos que precise, para una...

Cuestión de inconstitucionalidad 5060-2012. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Las Palmas de Gran Canaria en relación el apartado cinco de la disposición transitoria de la Ley 9/2007, de 13 de abril, del sistema canario de seguridad y emergencia y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de coordinación de las policías locales de Canarias. Competencias...

ACOSO LABORAL. La caracterización del plazo del artículo 138 bis LPL como plazo de "caducidad" de la acción que realiza la sentencia de contraste es dudosa. Sólo podría admitirse si se aceptara al mismo tiempo que cualquier alteración de las circunstancias familiares o de trabajo que planteara o agravara un problema de conciliación trabajo-familia reabre el derecho del trabajador y la acción...

• Legislación Refundida

EXTRANJERÍA. PERMISO DE TRABAJO Y RESIDENCIA. REQUISITOS. La actora impugna la resolución por la que se le denegó el permiso de trabajo y residencia solicitado. La norma rectora del procedimiento de regularización exigía con claridad que el solicitante acreditase haber tenido permiso de residencia o al menos haberlo solicitado en los periodos señalados, y este no es el caso de la actora, quien no

Recurso de amparo 11131-2006. Promovido por don Fernando García Toribio frente al Auto de un Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria que denegó la nulidad de actuaciones del juicio de cognición instado por el Banco Central Hispano Americano en 1996 en reclamación de cantidad. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensió

CONTRATO DE TRABAJO. SUBROGACIÓN. CONSENTIMIENTO DEL TRABAJADOR. El actor reclama que se declare contraria a derecho la subrogación habida desde una empresa a otra, y se le reincorpore en consecuencia a la plantilla de procedencia. La subrogación que ambas empresas demandadas acordaron en relación con la trabajadora demandante fue nula porque se hizo sin su consentimiento, contraviniendo las...

ACCIDENTE DE TRABABJO. INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. El empresario deberá acreditar, en cada caso concreto, que ha actuado con toda la diligencia exigible cumpliendo con las diversas obligaciones especificas que integran el deber genérico de garantizar una protección eficaz de la salud y seguridad de sus trabajadores; de suerte que solo quedara liberado cuando pruebe que el riesgo era...

DESPIDO IMPROCEDENTE. No se pone en duda que el lanzamiento del nuevo producto por el cliente Mercadona incrementara las tareas de envasado y etiquetado, extremo este suficientemente acreditado. La cuestión es si ese incremento justifica el recurso a la contratación eventual y la respuesta ha de ser negativa porque el atender a encargos es la actividad normal de la empresa usuaria y el carácter...

• Cumplimiento e incumplimiento del contrato

GRAN INVALIDEZ. COMPETENCIA. El actor, de nacionalidad española, fue contratado por una empresa extranjera para prestar servicios en el extranjero. Luego de que le fuera reconocida una gran invalidez, presenta demanda contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, la empresa para la que prestaba servicios y otros, solicitando prestaciones...

• Derechos de vuelo y subsuelo

• Legislación Refundida

• Aspectos practicos de la prueba civil

• Revista Crítica de Derecho Inmobiliario

• La tutela judicial del crédito. Estudio práctico de los procesos monitorio y cambiario

CUESTIÓN NEGATIVA DE COMPETENCIA TERRITORIAL. Actos de competencia desleal. Competencia del Juzgado del lugar en que el demandado tenga su establecimiento y, a falta de este, su domicilio o lugar de residencia (art. 52.12º LEC).

DESPIDO. MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO. Las partes negociadoras del convenio colectivo han limitado el deber de subrogación de personal a los trabajadores de la empresa saliente que en el momento de la nueva adjudicación hubieran mantenido una adscripción continuada al servicio contratado durante un período mínimo de siete meses, teniendo esta exigencia la finalidad de evitar que el...

DESPIDO IMPROCEDENTE. El mecanismo de sucesión ex lege previsto en el Estatuto de los Trabajadores para los casos de sucesión empresarial es indisponible para las partes, de forma que cuando se dan todos los requisitos exigidos para que opere, el mismo entra en juego inexorablemente y con independencia de la naturaleza pública o privada de la empresa en la que preste servicios el trabajador. Todo

PENSIONES CONTRIBUTIVAS. El estado de insolvencia no constituye, por sí, una causa legal que haga surgir el deber de los administradores de promover la disolución de la sociedad. No cabe confundir, como parece que hacen la demanda y la sentencia recurrida, entre estado de insolvencia y la situación de pérdidas que reducen el patrimonio neto de la sociedad por debajo de la mitad del capital social,

• Legislación Refundida