Corrupción corporativa: el precio de la deslealtad ¿Está justificado un delito de administración desleal societario?

La corrupción es una forma de deslealtad a alguien o a algo, según Calsamiglia. Precisamente una de las mayores deslealtades es la del administrador de sociedades al que se le confía la gestión del patrimonio social y aprovecha esta actividad para beneficiarse personalmente en desmedro de los intereses sociales. Lamentablemente, la experiencia de los últimos años nos ha dado numerosos ejemplos de ello: pagos de sobornos, remuneraciones excesivas, jubilaciones millonarias, acuerdos fraudulentos en provecho de sus intereses privados, etc. El asunto cobra mayor relevancia cuando, además de despatrimonializar a la empresa, ésta debe ser reflotada con el erario público, como ha sucedido después de la crisis de 2008 con numerosas sociedades financieras. En este trabajo se aborda la corrupción corporativa primero desde el punto de vista criminológico, es decir, la comprensión de la cultura corporativa que marca los comportamientos en las empresas, particularmente desde arriba (tone at the top), de ahí la importancia de la prevención desde el comportamiento de los directivos. Esta problemática que es tratada por el Derecho con normas sobre el gobierno corporativo (corporate governance), han dado lugar a la reforma de 2014 de la Ley de Sociedades de Capital, que ha pretendido elevar el precio de la deslealtad de los administradores. Por otro lado, el legislador penal de 2015 ha reformado el CP en la materia (antiguo art. 295 CP), derogando el delito societario de administración desleal a cambio de un genérico tipo penal de administración desleal (art. 252 CP). La gran pregunta es si estas reformas han conseguido elevar el precio de la deslealtad de manera que al administrador le resulte más costoso delinquir, que beneficiarse de la misma.