STS 247/2023, 28 de Febrero de 2023

PRIMERO.- Resolución recurrida en casación y hechos del litigio.

1. Este recurso de casación tiene por objeto la mencionada sentencia de 8 de febrero de 2021, en cuyo fallo se acuerda, literalmente, lo siguiente:

   "[...] DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo núm 1587/2019 promovido por la entidad ERNST & YOUNG SL representada por el procurador D. Joaquín Fanjul de Antonio, contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 10 abril 2019 en materia de tasa del ICAC. Con expresa imposición de costas a la parte actora [...]".

   SEGUNDO.- Preparación y admisión del recurso de casación.

1. Notificada dicha sentencia a las partes, el procurador don Joaquín Fanjul de Antonio, en nombre de Ernst & Young, S.L., presentó escrito de 10 de mayo de 2021, de preparación de recurso de casación.

2. Tras justificar los requisitos reglados de plazo, legitimación y recurribilidad de la sentencia, se identifican como normas jurídicas infringidas el artículo 140.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), interpretado a la luz del principio de regularización íntegra establecido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y los principios de economía procedimental, eficacia de la actuación administrativa ( artículo 103 CE) y proporcionalidad en la aplicación del sistema tributario ( artículo 3.2 LGT), así como el principio de buena administración ( ex artículos 103 y 9.3 CE y artículo 3 de la Ley 40/2015), puesto que de lo contrario se estaría produciendo una doble imposición proscrita por el artículo 31.1 CE.

3. La Sala a quo tuvo por preparado el recurso de casación mediante auto de 24 de mayo de 2021, que ordenó el emplazamiento de las partes para comparecer ante este Tribunal Supremo. El procurador Sr. Fanjul de Antonio ha comparecido el 7 de julio de 2021 y el Abogado del Estado lo ha hecho el 30 de junio de 2021, ambos dentro del plazo de 30 días del artículo 89.5 LJCA.

   TERCERO.-Interposición y admisión del recurso de casación.

1. La sección primera de esta Sala admitió el recurso de casación en auto de 20 de abril de 2022, en que aprecia la concurrencia del interés casacional objetivo para formar jurisprudencia, en estos literales términos:

   "[...] Determinar si el principio de íntegra regularización, en su vertiente sustantiva, es aplicable a los supuestos en los que se regulariza por la Administración un hecho imponible imputándolo al ejercicio correspondiente, cuando el contribuyente ha procedido previamente a autoliquidar imputando erróneamente el hecho imponible a un período posterior al del devengo, debiendo analizar la administración tanto los aspectos desfavorables como los favorables para el contribuyente.

   Aclarar si este principio, en su vertiente procedimental, es aplicable no solo a los procedimientos de inspección sino también a los procedimientos de gestión tributaria, precisando si la Administración debe comprobar tanto la correcta imputación pretendida, como la procedencia de la devolución de las cantidades indebidamente ingresadas por el contribuyente en el ejercicio siguiente; o, por el contrario, el contribuyente para obtener la devolución de la cantidad incorrectamente autoliquidada debe de iniciar un procedimiento de rectificación de la autoliquidación y devolución de ingresos indebidos [...]".

2. El procurador don Joaquín Fanjul de Antonio, en la indicada representación, interpuso recurso de casación en escrito de 9 de junio de 2022, en el que se solicita al Tribunal lo siguiente :

   "[...] pretende esta parte que esa Excma. Sala y Sección:

   (i) Dicte en su día Sentencia fijando la interpretación de las normas estatales contenidas en los arts. 140 , 32 , y 221 LGT ; y 23 LAC; en relación con los arts. 103 CE (principio de economía procedimental), 3.2. LGT (proporcionalidad en la aplicación del sistema tributario), 103 y 9.3 CE y 3 Ley 40/2015 (principio de buena administración), y 31 CE, conforme a la fundamentación contenida en el cuerpo de este escrito y, con arreglo a ella, case y anule la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 8 de febrero de 2021, recurso contencioso-administrativo 1587/2019 , al vulnerar la misma lo dispuesto en los artículos señalados.

   (ii) Admita y estime íntegramente el recurso contencioso-administrativo 1587/2019, anulando la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 8 de febrero de 2021 , pues la Administración tributaria estaba obligada a regularizar íntegramente la situación tributaria de EY respecto de la Tasa en cuestión que indebidamente ingresó en el seno del procedimiento de comprobación limitada respecto del ejercicio 2011.

   Y solicita los siguientes pronunciamientos:

   (i) Que declare el principio de íntegra regularización, en su vertiente sustantiva, es aplicable a los supuestos en que se regulariza por la Administración un hecho imponible imputándolo al ejercicio correspondiente, cuando el contribuyente ha autoliquidado erróneamente el hecho imponible imputándolo a un período posterior al del devengo.

   (ii) Que declare que el principio de íntegra regularización, en su vertiente procedimental, es aplicable a los procedimientos de gestión tributaria, -en todo caso al procedimiento de comprobación limitada-, cuanto menos en aquellos supuestos en los que no es necesario modificar el alcance material del procedimiento ni se requieren potestades y facultades administrativas mayores -o distintas- a las propias del procedimiento de comprobación limitada.

   (iii) Que declare la nulidad de la liquidación practicada por el ICAC con número de referencia 2011608S0530, por producirse con ella una doble tributación proscrita por el art. 31 CE [...]".

   CUARTO.- Oposición al recurso de casación.

   El Abogado del Estado, emplazado como recurrido en este recurso de casación, presentó escrito de oposición el 7 de julio de 2022, donde afirma:

   "[...] La recurrente suplica de la Sala que, sobre la base del principio de íntegra regularización, declare la nulidad de la liquidación practicada por el ICAC.

   Por nuestra parte y por las consideraciones expuestas con anterioridad, consideramos que la sentencia recurrida debe reputarse ajustada a derecho, solicitando su confirmación, con desestimación del recurso interpuesto de contrario.

   Y en cuanto a la cuestión planteada en el auto de admisión, propugnamos como doctrina correcta la siguiente:

   - Con carácter general, el principio de integra regularización, en su vertiente sustantiva, no resulta aplicable a los supuestos en los que se regulariza por la Administración un hecho imponible imputándolo al ejercicio correspondiente, cuando el contribuyente ha procedido previamente a autoliquidar imputando erróneamente el hecho imponible a un período posterior al del devengo.

   - El principio de regularización íntegra, en su vertiente procedimental, no es aplicable a los procedimientos de gestión tributaria, precisando si la Administración debe comprobar tanto la correcta imputación pretendida y el contribuyente para obtener la devolución de la cantidad incorrectamente autoliquidada debe de iniciar un procedimiento de rectificación de la autoliquidación y devolución de ingresos indebidos [...]".

   QUINTO.- Vista pública y deliberación.

   Esta Sección Segunda no consideró necesaria la celebración de vista pública - artículo 92.6 LJCA-, quedando fijada la deliberación, votación y fallo de este recurso el 21 de febrero de 2023, día en que efectivamente se deliberó, votó y falló, con el resultado que seguidamente se expresa.

PRIMERO.- Objeto del presente recurso de casación.

El objeto de este recurso de casación consiste, con miras a formar jurisprudencia acerca de las cuestiones sobre las que se nos interroga, en determinar si el principio de integra regularización, en su vertiente sustantiva, es aplicable a los supuestos en los que se regulariza por la Administración un hecho imponible imputándolo al periodo procedente, cuando el contribuyente ha procedido previamente a autoliquidar la tasa debatida, erróneamente, para un período posterior al del devengo, debiendo analizar la administración tanto los aspectos desfavorables como los favorables para el contribuyente.

Además, hemos de aclarar si este principio, en su vertiente procedimental, es aplicable no solo a los procedimientos de inspección sino también a los procedimientos de gestión tributaria, precisando si la Administración debe comprobar tanto la correcta imputación pretendida, como la procedencia de la devolución de las cantidades indebidamente ingresadas por el contribuyente en el año siguiente; o, por el contrario, el contribuyente para obtener la devolución de la cantidad incorrectamente autoliquidada debe iniciar un procedimiento de rectificación de la autoliquidación y devolución de ingresos indebidos.

SEGUNDO.- Los hechos relevantes para dirimir la casación.

El auto de admisión del presente recurso refleja los siguientes hechos relevantes, acerca de los que no hay discordia, para abordar la cuestión sobre la que nos interroga.

"[...] SEGUNDO. Hechos relevantes a efectos del trámite de admisión del presente recurso de casación.

Un análisis del expediente administrativo y de las actuaciones judiciales nos lleva a destacar, como datos importantes para decidir sobre la admisión a trámite del recurso de casación, los siguientes:

1. Acuerdo de liquidación.

   El 18 junio 2015, la Presidenta del ICAC dictó liquidación provisional, en un procedimiento de comprobación, de tasa por emisión de informes de auditoría de cuentas, periodo entre el 1 julio 2010 y el 30 septiembre 2011, por importe de 18.501,49 €. En el acuerdo de liquidación se indicaba que:

   "Por otra parte, de los datos proporcionados por el Departamento de recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se desprende que durante el periodo indicado ha ingresado la cantidad de 427.971,88 euros en concepto de tasa por emisión de informes de auditoría establecida en el artículo 23 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas. Por lo tanto, existe una diferencia de 16.742,08 euros".

2. Interposición de reclamación económico-administrativa.

   Contra la liquidación, ERNST & YOUNG S.L. interpuso reclamación ante el TEAC, en que manifestó que no se había producido una falta de abono de la tasa correspondiente a los informes emitidos entre el 1 de julio de 2010 y el 30 de septiembre de 2011, sino que la liquidación de la tasa correspondiente a algunos de los informes emitidos en dicho periodo se realizó en un trimestre posterior.

3. Resolución de la reclamación económico-administrativa.

   El 10 abril 2019, el TEAC dictó resolución por la que desestimó la reclamación, en la que se razona en los siguientes términos:

   "...se deben desestimar las alegaciones realizadas por la reclamante, puesto que reconoce que incluyó informes emitidos en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2010 y el 30 de septiembre de 2011 en las declaraciones de la Tasa del ICAC por emisión de informes de auditoría de cuentas correspondientes a trimestres posteriores, lo que implica que en las autoliquidaciones realizó un ingreso inferior a que legalmente le correspondía causando un perjuicio a la Hacienda Pública. En este sentido, cabe recordar al contribuyente que en el caso de que por error hubiese declarado un número de informes emitidos inferior al real, debería haber presentado una declaración complementaria a la inicialmente presentada y que si el número de informes declarado fuera superior al real podía solicitar la rectificación de su autoliquidación; pero en ningún caso cabe la posibilidad de compensar los informes incorrectamente declarados en un periodo con los de otro, puesto que como se ha explicado dichos periodos son estancos".

4. Interposición del recurso contencioso-administrativo.

   ERNST & YOUNG S.L. interpuso recurso contra la resolución, nº 1587/2019 ante la Sección Séptima de la Sala C-A de la Audiencia Nacional.

   Se alegó que el principio de regularización íntegra exige a la Administración que, si regularice un concepto o periodo fiscal con incidencia en otros, debe seguir el criterio que mantenga hasta haber restituido en su totalidad la situación fiscal del sujeto pasivo, pues de lo contrario se atentaría contra el principio de justicia tributaria del artículo 31 CE, en la medida en que obliga al contribuyente a soportar una mayor carga fiscal que la que le corresponde.

   La ratio decidendi de la sentencia sobre este particular se contiene en el fundamento de derecho quinto con el siguiente tenor literal:

   "Pero la liquidación del ICAC es conforme a derecho, y también hay que rechazar el principio de integra regularización en relación a su situación tributaria. La resolución del TEAC, la liquidación practicada analiza los componentes de este tributo, y confirman el criterio de que estamos ante periodos tributarios estancos, independientes entre sí, por ello el TEAC expone que en el caso examinado la actora debería de haber procedido a presentar una liquidación complementaria como mecanismo para modificar, corregir, o incluir los informes de auditoría declarados en fecha posterior al devengo".

   La citada sentencia constituye el objeto del presente recurso de casación...".

   TERCERO.- Posición jurídica de la parte recurrente en casación.

   El escrito de interposición del recurso de casación razona del siguiente modo sobre la aplicación del principio de íntegra regularización:

   "[...] II.- Exposición razonada de por qué han sido infringidas por la Sentencia recurrida las normas identificadas en el escrito de preparación.

   Como se concretó en el escrito de preparación del recurso de casación y resulta del Auto de admisión del recurso de casación, la Sentencia impugnada infringe:

   - El art. 140.1 de la Ley General Tributaria(LGT ),interpretado a la luz del principio de regularización íntegra establecido por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras, STS sentencias 1247/2019, de 25 de septiembre (rec. 4786/2017); 1352/2019, de 10 de octubre (cas. 4153/2017); 1388/2019, de 17 de octubre (cas. 4809/2017) y 1250/2020, de 2 de octubre (rec. 3212/2018), todas ellas en relación con el IVA, pero plenamente aplicables al caso que nos ocupa. y los principios de economía procedimental, eficacia de la actuación administrativa ( art. 103 CE ) y proporcionalidad en la aplicación del sistema tributario ( art. 3.2 LGT ), así como el principio de buena administración (ex arts. 103 y 9.3 CE y art. 3 Ley 40/2015 ), en la medida en que exige al contribuyente que inicie un procedimiento de rectificación de autoliquidación en aquellos supuestos en que se ha llevado a cabo una regularización al considerar que se declararon unos informes de auditoría sujetos a la Tasa en un ejercicio posterior al de su efectivo devengo, en lugar de incluir en la regularización tanto la correcta imputación pretendida por la Administración como la devolución de las cantidades indebidamente ingresadas en el ejercicio en que se declararon, en aplicación del principio de regularización íntegra.

   - Como consecuencia de lo anterior, los arts. 32 y 221 LGT , que obligan a Administración tributaria a devolver a los obligados tributarios los ingresos indebidamente realizados en supuestos en que se produce una doble tributación, en relación con el art. 30 LGT y el art. 23 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas (LAC), puesto que de lo contrario se estaría produciendo una doble imposición proscrita por el art. 31.1 CE .

   Para el correcto análisis de ambas cuestiones debemos partir de una mínima descripción de los hechos del caso:

   El ICAC, en procedimiento de comprobación limitada de la tasa de control de la actividad de auditoría de cuentas del ejercicio 2011, exigible ex art. 23 LAC, que terminó con liquidación provisional, ya señalada, de 18.501,49 euros, de los que 16.142,08 euros de cuota y 2.359,41 euros de intereses de demora.

   El ICAC consideró (correctamente) que EY no declaró en su autoliquidación del ejercicio 2011 determinados informes, sino que los declaró en el ejercicio 2012, por lo que declara que la cuota del ejercicio 2011 era errónea y procedía regularizar su situación. No obstante, en la liquidación el ICAC no descontó la cuota exigida el importe ingresado en 2012, dando lugar a un supuesto de doble tributación, a corregir por el principio de íntegra regularización.

   La AN confirmó la liquidación, señalando que no procede aplicar el principio de íntegra regularización, puesto que EY debía haber presentado " una liquidación complementaria [en puridad, una solicitud de rectificación de autoliquidación ex art. 120.3 LGT, ya que no se deriva una mayor cantidad a ingresar o una menor cantidad a compensar o devolver] como mecanismo para modificar, corregir o incluir los informes de auditoría declarados en fecha posterior al devengo", esto es, los informes emitidos en 2011 y declarados en 2012.

   Ello supone infringir el pº de regularización íntegra en dos perspectivas:

   Desde un punto de vista sustantivo, puesto que el principio exige que cuando el contribuyente ha imputado erróneamente el hecho imponible de un tributo a un período posterior al del devengo, la Administración, al comprobar el ejercicio en que se debió ingresar el tributo, debía analizar no sólo los aspectos desfavorables al contribuyente, sino también los favorables, ya que de lo contrario se produce una doble tributación contraria al art. 31 CE.

   Desde un punto de vista procedimental, puesto que el principio de regularización íntegra debe aplicarse siempre de oficio, y también en los procedimientos de comprobación limitada, en aquellos supuestos en los que no es necesario modificar el alcance material del procedimiento, ni se requieren potestades y facultades administrativas mayores -o distintas- a las propias del procedimiento de comprobación limitada, como ocurre aquí.

   PRIMER MOTIVO.- Vulneración de los arts. 32 y 221 LGT , que obligan a Administración tributaria a devolver a los obligados tributarios los ingresos indebidamente realizados en supuestos en que se produce una doble tributación, en relación con el art. 30 LGT y el art. 23 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas (LAC), convalidando una doble imposición proscrita por el art. 31.1 CE .

   1.1. El principio de regularización íntegra y sus notas definitorias en la jurisprudencia.

   El principio de regularización íntegra, de creación jurisprudencial, establece que la regularización fiscal resultante de un procedimiento de comprobación o investigación tributarias debe alcanzar tanto a los aspectos desfavorables como a los favorables para el contribuyente. En palabras del Tribunal Supremo, " la regularización ha de ser íntegra, alcanzando tanto a los aspectos positivos como a los negativos para el obligado tributario", " considerándose que cuando un contribuyente se ve sometido a una comprobación y se procede a la regularización mediante la oportuna liquidación ha de atenderse a todos los componentes, y ello por elementales principios que inspiran un sistema tributario que aspira a responder al principio de justicia".

   Este principio es reflejo del principio constitucional de justicia tributaria ( art. 31.1 CE) y su fin es el de evitar situaciones de doble imposición o enriquecimiento injusto de la Administración, que se produciría si la Administración exigiera una obligación tributaria que ya se había pagado en cierto modo o que fuese la otra cara de una devolución que la Administración difiriera a un momento posterior o a un procedimiento distinto, como aquí ocurre y reconoce la propia Sentencia de instancia.

   El Tribunal Supremo proscribe por tanto actuaciones administrativas que denomina " a doble cara, siempre favorable a la Administración, pues se exige el importe de la cuota indebidamente repercutida sin proceder a la devolución de lo ingresado, para, posteriormente, prolongar dicha situación hasta la firmeza de aquella " [con cita de las SSTS de 10 de mayo de 2010, rec. cas. 1454/2005); de 12 de diciembre de 2013, rec. cas. 4301/2010]. Y es que la Administración tributaria, en sus actuaciones de comprobación, está obligada a realizar todas las correcciones que sean necesarias para restablecer la situación que hubiera habido de no haber sido necesaria esa regularización, y ello en unidad de acto. Es decir, en el seno del mismo procedimiento de comprobación.

   Así lo ha señalado en sus Sentencias de 1247/2019, de 25 de septiembre (rec. 4786/2017); 1352/2019, de 10 de octubre (cas. 4153/2017); 1388/2019, de 17 de octubre (cas. 4809/2017), que recuerdan que la regularización completa exige que se lleve a cabo en unidad de acto sin dejar para un momento posterior la determinación de la deuda neta del contribuyente.

   En resumen, el principio de regularización íntegra no es sino una exigencia de la justicia tributaria, que pretende evitar supuestos de doble tributación, así como los perjuicios financieros y de todo tipo- que conlleva el hecho de que no se haga en unidad de acto.

   1.2. El principio de regularización íntegra es aplicable a supuestos en que el contribuyente ha imputado erróneamente el hecho imponible de un tributo a un período posterior al del devengo.

   El principio de regularización íntegra es aplicable a supuestos en que el contribuyente ha imputado erróneamente el hecho imponible de un tributo a un período posterior comprobado por la Administración.... cuando un contribuyente se ve sometido a una comprobación y se regulariza su situación, para evitar un perjuicio grave al obligado tributario, procede atender no sólo a los ejercicios a los que se limita inicialmente las actuaciones, sino también la de otros períodos impositivos que se ven afectados fiscalmente por la regularización que se practica, para garantizar el principio de íntegra regularización. De lo contrario, se estaría produciendo una doble tributación.

   En resumen, se trata de evitar que en aquellos casos en que la Administración tributaria regulariza un período y esa regularización incide en otro posterior no sometido a comprobación, se genere un enriquecimiento injusto en favor de la Administración...

   ...La inclusión de la figura de las obligaciones conexas en nuestro ordenamiento jurídico se produjo precisamente para paliar los efectos que una regularización podía tener en el contribuyente cuando éste erróneamente declara un hecho imponible en un ejercicio posterior al de su devengo y la Administración lo regulariza, imputándolo al ejercicio en que efectivamente se produjo el hecho imponible. Es por tanto consecuencia primordial y lógica del principio de regularización íntegra, y tiene por finalidad dar solución a los supuestos de doble imposición en perjuicio del obligado tributario.

   ...Como veremos más adelante, exige que dicha regularización íntegra se produzca en el propio procedimiento de comprobación, y no en otro, como corresponde a una "buena administración".

   1.3. Aplicación del principio de regularización íntegra en su vertiente sustantiva al caso que nos ocupa. La Sentencia de instancia infringe los arts. 32 y 221 LGT , en relación con el art. 30 LGT y el art. 23 LAC, convalidando una doble imposición proscrita por el art. 31.1 CE .

   Tal y como se recoge en la sentencia impugnada (FJ Quinto), la controversia se origina con la regularización llevada a cabo por el ICAC en su liquidación provisional de fecha 18 de julio de 2015, en concepto de Tasa de control de la actividad de auditoría de cuentas del ejercicio 2011:

   "En este caso, la liquidación obedece a unos informes que no fueron declarados en ese ejercicio sino en el siguiente. Lo que evidencia que la declaración del 211 era errónea y por consiguiente procedía la liquidación impugnada".

   Siendo evidente la existencia de un supuesto de doble imposición (postura que comparte la sentencia de instancia, que señala que lo que realmente pretende EY " es una compensación"), es de plena aplicación el principio el principio de regularización íntegra, esto es, que fuese en sede del propio procedimiento de comprobación en el que se procediese a la devolución de las cantidades por los informes del ejercicio 2011 que fueron inicialmente declarados en ejercicio 2012 y ahora se han regularizado por el ICAC.

   Sin embargo, la Sentencia impugnada considera que el contribuyente debería haber instado en un procedimiento autónomo la corrección de su autoliquidación del ejercicio 2012, infringiendo el principio de regularización íntegra -que, recordemos, exige que "la regularización ha de ser íntegra, alcanzando tanto a los aspectos positivos como a los negativos para el obligado tributario"- y generando una doble imposición en el contribuyente, proscrita por los arts. 32 y 221 LGT, como garantes del art. 31 CE.

   ...la Administración tributaria debe, una vez acreditado ya el pago de la deuda durante el año 2012, acordar bien la devolución de la cantidad ingresada en ese año 2012, exigiendo el ingreso de dicho importe en 2011, bien no exigir el pago de la deuda tributaria en el año 2011, por haberse producido dicho ingreso en las declaraciones de 2012, pero en el seno del propio procedimiento de comprobación. Lo que no puede hacer es generar una doble tributación en el contribuyente, como hace el ICAC y confirma la Sentencia impugnada, en clara infracción del principio de regularización íntegra y los arts. 32 y 221 LGT y 31 CE.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido :

1. ) Fijar los criterios interpretativos sentados en el fundamento jurídico quinto de esta sentencia.

2. ) Ha lugar al recurso de casación deducido por la sociedad mercantil ERNST & YOUNG, S.L. contra la sentencia de 8 de febrero de 2021, dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso nº 1587/2019, sentencia que se casa y anula.

3. ) Estimar el mencionado recurso nº 1587/2019, entablado por la citada mercantil contra la resolución del TEAC de 10 de abril de 2019, desestimatoria de la reclamación deducida contra la liquidación provisional de la tasa practicada por la presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) por la emisión de informes de auditoría de cuentas por el periodo comprendido entre el 1 julio 2010 y el 30 septiembre 2011, ascendente a 18.501'49 euros, declarando que tales actos de gestión y revisión son nulos, por ser disconformes al ordenamiento jurídico, con los efectos jurídicos que procedan a partir de dicha declaración.

4. ) No hacer imposición de las costas procesales, ni de las de esta casación, ni las causadas en la instancia.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.