procedimiento contencioso administrativo
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Personación de demandados en el procedimiento contencioso-administrativo
... en el procedimiento contencioso - administrativo es el acto procesal para comparecer (e ...
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¿Qué órgano es el competente para decidir el allanamiento en un procedimiento contencioso administrativo?
Se plantea la determinación del órgano municipal al que corresponde adoptar la decisión de allanamiento frente a una demanda que haya sido interpuesta contra un Ayuntamiento ¿Qué órgano es el competente para decidir el allanamiento en un procedimiento contencioso administrativo?
- Vista en el proceso contencioso - administrativo
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Cuestiones generales sobre el recurso contra disposiciones
... contra disposiciones en el proceso contencioso"-administrativo 2 Normas reglamentarias y actos pl\xC3"...
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Declaración de lesividad
... que lo pueda impugnar en el orden contencioso - administrativo. Contenido 1 Declaración de ... del procedimiento contencioso – administrativo, por lo que, en estos términos, se trata de un ...
- Orden ECD/1165/2015, de 1 de junio, por la que se procede al cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el procedimiento ordinario 604/2013, en relación con la Orden ECD/48/2013, de 24 de enero.
- Sentencia de 31 de mayo de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de enero de 2017, por el que se establecen pautas para la elaboración de una terna de candidatos para la elección de Juez titular del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, publicado mediante resolución de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Públicas de fecha 25 de enero de 2017, en el Boletín Oficial del Estado de 31 de enero de 2017, y declara nulo el requisito referido a no superar la edad de 61 años en la fecha límite para la presentación de candidaturas.
- Sentencia de 16 de octubre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid de fecha 19 de junio de 2016, dictada en el procedimiento ordinario núm. 501/2016, sobre liquidación del impuesto sobre actos jurídicos documentados de una escritura pública de formalización de préstamo hipotecario respecto de varias viviendas, sentencia que se casa y anula. Se fijan los criterios interpretativos del fundamento jurídico sexto de esta sentencia. Se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución del Tribunal Económico Regional de Madrid de 31 de mayo de 2016 y se anula el número 2 del artículo 68 del reglamento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo.
- Emplazamiento Procedimiento Contencioso-Administrativo Ordinario 358/02, instado por 'Planificación Urbana, S. Coop'.
- Sentencia de 22 de octubre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid de fecha 13 de junio de 2016, dictada en el procedimiento ordinario núm. 499/2016, sobre liquidación del impuesto sobre actos jurídicos documentados de una escritura pública de formalización de préstamo hipotecario respecto de varias viviendas, sentencia que se casa y anula. Se fijan los criterios interpretativos del fundamento jurídico sexto de esta sentencia. Se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución de 15 de enero de 2014, de la Subdirectora General de la Inspección de los Tributos y se anula el número 2 del artículo 68 del reglamento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo.
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