ejecucion sentencia social
- RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2003, de la Dirección General de Ordenación Económica de la Seguridad Social, por la que, en ejecución de sentencia, se establecen las bases normalizadas de cotización para cada una de las categorías y especialidades profesionales aplicables durante el año 1989, dentro del ámbito territorial de las zonas mineras Segunda (Noroeste) y Cuarta (Centro-Levante).
- Orden ESS/863/2013, de 10 de mayo, por la que, en ejecución de sentencia, se desarrolla y convoca el proceso selectivo para la designación de vocales del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes que representen a las organizaciones sindicales.
- RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2003, de la Dirección General de Ordenación Económica de la Seguridad Social, por la que en ejecución de sentencia se establecen las bases normalizadas de cotización para cada una de las categorías y especialidades profesionales aplicables durante el año 1990, dentro del ámbito territorial de las Zonas Mineras ...
- Sentencia de 6 de octubre de 2014, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se fija como doctrina legal que: 'El artículo 6.2.4º de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias (BOE de 8 de junio), en la redacción que le dio el artículo 8.Uno de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (BOE de 31 de diciembre), vigente desde el 1 de enero de 2003, debe ser interpretado en el sentido de que para que una ejecución de obra tenga la condición de entrega de bienes a efectos del impuesto general indirecto canario (IGIC) ha de reunir dos requisitos: (i) que tenga por objeto la construcción o rehabilitación de una edificación y (ii) que el empresario que ejecute la obra aporte una parte de los materiales utilizados cuyo coste exceda el 20 por 100 de la base imponible'.
- SENTENCIA de 1 de marzo de 2006, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que, sin que afecte a la situación jurídica concreta derivada de la sentencia n.º 89/2005, de 23 de febrero dictada en el recurso contencioso administrativo n.º 356/2004, se declara la nulidad de pleno derecho del inciso «previo a la solicitud del permiso de trabajo» que se contiene en el párrafo 3.º del apartado 1.1 B del artículo 70 del Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por el Real Decreto 864/2001, de 20 de julio.
- Sentencia de 25 de septiembre de 2007, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se desestima la cuestión de ilegalidad planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación con los artículos 51.2, en el inciso en que establece que para la concesión de los permisos de residencia será necesario que no existan razones de «seguridad pública» que lo impidan, y 74.1, letras h) y k), del Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por el Real Decreto 864/2001, de 20 de julio.
- SENTENCIA de 21 de octubre de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad de pleno derecho del apartado 5 («Cuando el empresario o empleador no acredite en su caso, que, con carácter previo, ha cumplido con la obligación de gestionar la oferta ante los servicios públicos de empleo») del artículo 84 Real Decreto 864/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración Social.
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