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DESPIDO. REGULACIÓN DE EMPLEO. COMPETENCIA. CESIÓN ILÍCITA DE TRABAJADORES. SUCESIÓN DE EMPRESAS. La decisión que resuelve el expediente de regulación de empleo es un acto administrativo, que tiene por objeto «la autorización (de) la extinción de los contratos de trabajo». Por ello, hasta que no se cumplan las previsiones del art. 3.3 de la LPL , la distribución de competencias entre los órdenes jurisdiccionales en materia de despidos colectivos se establece en función del contenido del acto administrativo y así cuando lo que se impugna directa o indirectamente es la autorización del cese autorizado la competencia corresponde al orden contencioso-Administrativo. Es la jurisdicción contencioso administrativa la competente para conocer de las pretensiones relativas al cese de la demandante en relación con la eventual sucesión de la actividad por parte de la Corporación de aquella que hasta entonces había llevado a cabo la empresa IPELSA. Se mantiene inalterado el contenido de la sentencia recurrida en lo que se refiere a la atribución al orden jurisdiccional social de la cuestión relativa a la eventual existencia de despido relacionado con la alegada en la demanda cesión ilegal de trabajadores entre ambas codemandadas. Se estima el recurso de casación para la unificación de doctrina.
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