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CÓMPUTO DE LA CADUCIDAD. La resolución administrativa que ratificó la imposición de una sanción de suspensión de empleo y sueldo por falta muy grave le fue notificada al actor el 9 de septiembre de 2008; el 2 de octubre formuló reclamación previa que se entendió denegada por silencio administrativo el 3 de noviembre de 2008, interponiéndose demanda el 24 de noviembre. La sentencia de instancia apreció la caducidad de la acción y este pronunciamiento fue confirmado por la sentencia recurrida por entender que la interposición de la reclamación previa suspende, pero no interrumpe la caducidad, reanudándose el cómputo cuando ésta es desestimada de forma expresa o por silencio administrativo transcurrido un mes. Siguiendo la doctrina del TC "las normas sobre la incidencia de la reclamación previa sobre la caducidad de la acción han de interpretarse con criterios de razonabilidad y proporcionalidad que respeten las exigencias del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que reconoce el artículo 24 de la Constitución ", de forma que a la ahora de pronunciarse sobre la caducidad han de tenerse en cuenta también los preceptos de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, en concreto, su artículo 58 sobre los efectos de las notificaciones administrativas defectuosas, sin que la Administración pueda beneficiarse de sus propias irregularidades, por haber inducido a error a los demandantes. De ahí que "no puede calificarse de razonable una interpretación que prima los defectos en la actuación de la Administración, colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido su deber de notificar con todos los requisitos legales", sino que, por el contrario, resulta razonable aplicar la regla del art. 58.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , conforme a la cual "la notificación, aun errónea, debió surtir efectos al interponerse la correspondient...
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Caducidad de expediente. Sanción infracción del art. 81 del Tribunal Administrativo Central. Recurrente: ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.