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Ni en el escrito donde se interpone el recurso de apelación ni en el acto de la vista en esa segunda instancia se hizo por la agraviada referencia alguna, siquiera fuere implícita, al agravio sufrido, que se trae luego a esta sede. Siendo ello así, tal silencio en la vía judicial previa nos impide ahora entrar al enjuiciamiento de este aspecto de la pretensión (STC 164/1989) . Para que este Tribunal, en el cauce de un recurso de amparo, pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad de un precepto legal previamente tiene que constatar que, mediante la aplicación del mismo, se ha producido una concreta lesión de derechos y libertades susceptibles de amparo (SSTC 113/1987 y 153/1988). Siendo ello así, en el seno de este proceso no puede el Tribunal Constitucional decidir si el mencionado precepto del Código Penal infringe el art. 14 de la Constitución en cuanto discriminaba a los integrantes de las parejas que conviven «more uxorio» respecto de quienes se encuentran unidos por vínculo matrimonial, por la sencilla razón de que la Sentencia de la Audiencia Provincial, al aplicarlo, no ha podido causar a la demandante de amparo la referida lesión. Es indudable que a través del art. 487 bis del Código Penal se pretendía amparar el derecho que asiste, entre otros, a los hijos de ser sostenidos por sus padres y que esta protección, dada la dicción del precepto y el reconocimiento explícito que el legislador hacía en su justificación, se daba única y exclusivamente a los hijos matrimoniales, en origen o por ulterior matrimonio de sus progenitores, excluyendo a los extramatrimoniales, pues no otro sentido puede darse a la referencia que se hacía en el precepto a los procesos de separación legal, divorcio o declaración de nulidad del matrimonio y al confeso propósito del legislador de proteger a quienes en las «crisis matrimoniales» son víctimas de la insolidaridad de los protagonistas y causantes de las mismas. Conviene recordar que...
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