Acción popular

• Práctico Contencioso-Administrativo

• Práctico Procesal Penal

• Práctico Contencioso-Administrativo

• Práctico Contencioso-Administrativo

• Práctico Procesal Penal

• Justicia: Revista de derecho procesal

La acción popular caracteriza nuestro proceso penal del que constituye una institución exclusiva. Este trabajo se orienta a la cabal comprensión de su relevancia para encarar adecuadamente una eventual reforma de su configuración legal. A tal efecto no basta un examen de su regulación legal y de una amplia referencia jurisprudencial, sino también, de su conexión con el conjunto del modelo...

• Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá

Desde sus orígenes históricos, el singular instituto de la acción popular en nuestro sistema procesal penal ha sido objeto de numerosas críticas por parte de algunos sectores de la doctrina científica y por órganos de gran trascendencia en el devenir del proceso penal como el Ministerio Fiscal. Lejos de sucumbir a estos ataques, no necesariamente carentes de sentido y fundamento, un adecuado...

• Justicia: Revista de derecho procesal

La acción popular en el proceso penal fue introducida por la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 como instrumento al servicio de los españoles para evitar el monopolio del ejercicio de la acción penal por el Ministerio Fiscal. Origen fundado en una desconfi anza en el sistema, y en este trabajo se explican los motivos importantes de la necesidad de mantenerse ya que ha venido cumpliendo una...

• Revista de Derecho, Empresa y Sociedad (REDS)

Una de las particularidades más reseñables de nuestro sistema procesal penal es que el Ministerio Fiscal no ostenta en régimen de monopolio la acción penal. Efectivamente, la acción penal en nuestro ordenamiento puede ser ejercitada por el Ministerio Fiscal, pero también, por el ofendido y perjudicado por el delito —acusador particular o privado para los supuestos, en éste último caso, de delitos

• Actualidad Jurídica Ambiental

El Tribunal Supremo ha anulado con su Sentencia de 8 de junio de 2015 el indulto concedido por el Gobierno mediante el Real Decreto 863/2013 a un empresario condenado en 2011 a prisión como autor de un delito contra la ordenación del territorio. Más allá de la relevancia de tal decisión, que no es sorpresiva por cuanto deriva de la jurisprudencia precedente, el caso presenta la notable...